Durante las últimas semanas, hemos vivido las incesantes protestas de los agricultores y ganaderos españoles, que no están de acuerdo con las políticas agrarias de la Unión Europea.
Pero realmente, ¿qué motivos están provocando estas movilizaciones?
Entre otros muchos que habrá que prestar atención, el sector rural considera fundamental que se “exija a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE, igualdad de condiciones laborales, de uso de productos fitosanitarios y unos controles rigurosos en las fronteras”.
Ellos nos explican que Bruselas les obliga por ejemplo a reducir la densidad de animales en las granjas, eliminar jaulas, restringir el uso de fertilizantes, plaguicidas, etc. Pero mientras tanto se siguen trayendo de fuera, productos de terceros países que no cumplen ninguna de esas exigencias y por tanto son productos mucho más baratos y en ocasiones además suponen un riesgo para la salud de los consumidores.
Hemos conocido casos recientemente como naranjas y pomelos sudafricanos o arroz de la india que venían cargados de pesticidas no permitidos en la UE.
Están cansados de la desigualdad que padecen y que amenaza con llevarles a la quiebra.
Están hartos de las normativas amparadas por el Pacto Verde y temen todo lo que les vendrá encima si finalmente se aprueban medidas como la ley de Restauración de la Naturaleza,
Por dicha razón, el sector agrario nacional aboga por una flexibilización y simplificación de la actual Política Agraria Comunitaria, a la que acusan de estar desenfocada y fuera de la realidad que les exige más con menos recursos y que les ha incrementado la burocracia de forma brutal.
Todas estas obligaciones que ellos definen sin rigor científico, les conllevan mayores costes y menores producciones.
Entre todos los debemos exigir que se considere a la alimentación como un asunto de máxima prioridad y que se garantice la continuidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas.